viernes, 16 de septiembre de 2016

Nacidas en las Islas Caimán

Primer capítulo del libro ‘La gran estafa de las preferentes. Abuso e impunidad de la banca durante la crisis financiera en España’, de Andreu Missé, publicado por Alternativas Económicas.


 
1. UN ORIGEN TENEBROSO

Las raíces de las participaciones preferentes en España no pueden ser más tenebrosas. Las primeras operaciones de los bancos con estos productos financieros se remontan a finales de los años noventa del siglo pasado y se realizaron con el máximo sigilo en paraísos fiscales. Estos son los territorios escogidos por las multinacionales, grandes fortunas y diversas organizaciones delictivas para eludir el pago de impuestos o simplemente realizar operaciones que quieren mantener en secreto por el origen turbio del dinero. Los paraísos fiscales o jurisdicciones offshore se encuentran muy bien conectados entre sí y constituyen la organización financiera que está causando un mayor aumento de la pobreza y las desigualdades en el mundo al propiciar la evasión de impuestos especialmente en los países pobres por parte de las grandes corporaciones multinacionales. A la vista de las dimensiones tan impresionantes que ha adquirido el fraude de las participaciones preferentes, que ha afectado a más de un millón de familias en España, tiene mucho sentido indagar en las razones de un origen tan sospechoso. Hay que subrayar que sin la existencia de los paraísos fiscales nunca habría sido posible perpetrar una estafa tan gigantesca.

 La historia de las preferentes va de la mano del gran proceso de expansión financiera que se ha registrado en las últimas décadas. Desde mediados de los años noventa los bancos y las cajas de ahorros españoles precisaban unas necesidades crecientes de capital para mantener el alocado ritmo de concesión de créditos en el que se habían embarcado, un ritmo muy superior al del crecimiento de la economía. Los préstamos otorgados aumentaban seis veces más que el incremento de la propia economía.

 La solvencia de los bancos exige el mantenimiento de una adecuada proporción de capital propio en relación con el volumen total de su actividad. El capital es la parte fundamental de los recursos propios de los bancos que sirven para cubrir las posibles pérdidas. Las reglas de solvencia establecen que los bancos deben disponer de una cuantía de capital proporcional a sus riesgos, básicamente créditos e inversiones. Así que cuantos más créditos concedían los bancos, más capital necesitaban.


La cuestión está en que el capital, al asumir la posibilidad de absorber pérdidas, tiene un mayor coste; es decir, los inversores exigen una rentabilidad mayor. Si la situación financiera es incierta debido a la crisis, entonces la remuneración que exige el inversor para entrar en el capital de un banco es mucho mayor. Por esta razón aparecieron las llamadas participaciones preferentes, que era un producto que podía utilizarse como capital y tenían un coste menor.

2. COSTE FISCAL CERO PARA LA BANCA
El nuevo producto fue ideado y desarrollado en el mercado anglosajón y utilizado por inversores especializados con la capacidad técnica suficiente para evaluar si el rendimiento ofrecido compensaba realmente los riesgos de la operación. Era, sin duda, un producto para expertos. En el caso español, los banqueros averiguaron, además, que si creaban las preferentes a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales, les salían mucho más baratas al tener un coste fiscal cero. Durante muchos años, en España se dio la insólita circunstancia de que las preferentes no estaban definidas ni reguladas legalmente y, sin embargo, se permitía su utilización por parte de las autoridades. Los hechos han puesto de manifiesto que la práctica totalidad de las participaciones preferentes comercializadas en España entre 1998 y junio de 2003 se emitieron desde las Islas Caimán.

Las participaciones preferentes son un tipo de productos que en la jerga del sector se califican de complejos por tener características de capital y de deuda a la vez. Por esta razón, a las preferentes se les llama también productos híbridos al considerarse que tienen características de capital y de deuda.

Como consecuencia de esta doble característica, las preferentes tienen importantes ventajas para los bancos y sobre todo para las cajas que no tienen capital propiamente dicho. En el caso de las cajas, al carecer de capital, los tenedores de preferentes asumían un riesgo mayor al ser los primeros en soportar las posibles pérdidas.

Lo que resulta evidente es que las preferentes no son un producto adecuado para los ahorradores corrientes por sus elevados riesgos y extraordinaria complejidad. En España, las preferentes se colocaron de manera masiva entre ahorradores que en su inmensa mayoría desconocían sus características y peligros e incluso en muchos casos ignoraban que el banco había colocado su dinero en estos productos, pues no eran conscientes del significado de los documentos que habían firmado y, en algunos casos, carecían incluso de contratos.

Los acontecimientos han demostrado que numerosos ahorradores ignoraban esta estructura financiera tan compleja, que resulta incluso difícil de comprender para abogados y economistas que no sean especializados en la materia. En miles de sentencias judiciales ha quedado acreditado que muchos ahorradores estaban convencidos de que su dinero estaba como un depósito a plazo y ni siquiera habían oído nunca la expresión participaciones preferentes.

3. GANANCIAS EXORBITANTES
Esta angustiosa historia empezó hace algo más de quince años. A mediados de los noventa fue cuando empezó a hincharse la burbuja crediticia tomando como soporte la actividad inmobiliaria. Los bancos españoles daban crédito a mansalva. El problema es que prestaban un dinero que no tenían. Lo captaban fácilmente de los bancos europeos, los cuales conseguían también a su vez un mayor rendimiento del obtenido si hubieran realizado inversiones en sus respectivos países. Pero en cualquier caso, el capital extranjero resultaba barato para las entidades españolas. Esta fue la cara feliz del euro.

 La afluencia masiva de crédito provocó un aumento de los precios de las viviendas, inmuebles, el suelo y todo lo relacionado con la promoción inmobiliaria y la construcción. El resultado fue que a más créditos, más beneficios para las entidades financieras. Esta fiebre del crédito que los bancos colocaban en muchos casos con calzador a las familias y empresas, les generó unas ganancias exorbitantes. Nada menos que 169.281 millones de euros entre 1996 y 2010, según el Banco de España. Si la banca hubiera destinado menos del 10% de estos beneficios a compensar a los preferentistas el problema se habría resuelto de inmediato, sin conflicto y sin tantos sufrimientos.

 Con el euro como moneda común, a las entidades financieras españolas no les resultaba difícil obtener financiación de los bancos alemanes, franceses y de otros países europeos. Fueron los años dorados de la banca de aquí y de allá. Pero de golpe vino el repentino hundimiento del banco estadounidense Lehman Brothers en septiembre de 2008. Todo el sistema financiero internacional se tambaleó. La primera reacción fatídica fue el corte seco del crédito. Los bancos dejaron de fiarse unos de otros y dejaron de prestarse entre sí. Los bancos extranjeros no renovaron los préstamos y retiraron rápidamente sus inversiones en España con las terribles consecuencias de quiebras y suspensiones de pagos de entidades, parón de la actividad económica, aumento del paro y de la pobreza.

Esta súbita retirada de la inversión dejó a una parte de los bancos y cajas españoles noqueada y todavía no se han recuperado completamente de ello, con unas carteras llenas de créditos dudosos que aún está en torno a un insostenible 9,9% y que, en consecuencia, sigue dificultando la concesión de créditos en buenas condiciones para las empresas.

El aumento del crédito exigía a los bancos un incremento proporcional de capital para mantener la ratio de solvencia. Tras estallar la crisis, el problema que se planteó es que el capital era muy caro. Los inversores exigían en aquella época un rendimiento de entre el 10% y el 15% para adquirir acciones bancarias, debido a que se había constatado que el riesgo había aumentado. Fue entonces cuando bancos y cajas descubrieron las grandes ventajas de las participaciones preferentes, que desde 1985 se podían contabilizar como capital, aunque no empezaron a usarse hasta 1998. Las preferentes eran muchísimo más baratas que las acciones. Bancos y cajas colocaron estos productos a través de su red comercial a una clientela desinformada acerca de estos productos tan sofisticados. Y aunque les pagaban una rentabilidad algo superior a la de los depósitos a plazo, en ocasiones, el interés era muy inferior al que les correspondería realmente si se hubieran tenido en cuenta los riesgos que implicaban las preferentes.

4. EL BBV, EL PIONERO DE LAS PREFERENTES
El pionero en estas lides fue el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), que realizó una emisión de participaciones preferentes de 700 millones de euros en 1998 a través de las Islas Caimán, uno de los principales centros offshore, que se ha convertido en el mayor centro de lavado de dinero negro del mundo. Según la Fiscalía Anticorrupción, esta entidad había efectuado dos emisiones el año anterior a través de Gibraltar, pero sin determinar la cuantía ni disponer de más información sobre las mismas.

 El ejemplo del banco vasco fue seguido rápidamente por un gran número de entidades financieras, que de forma masiva y sigilosa iniciaron emisiones de participaciones preferentes desde estas islas paradisíacas, situadas al noroeste de Jamaica y pertenecientes al territorio de ultramar del Reino Unido. Las Islas Caimán han sido de gran utilidad para Londres, que compite con Nueva York por ser el primer centro financiero del mundo. La City londinense ha logrado el liderazgo especialmente en los mercados financieros más sucios y opacos (derivados, hedge funds, divisas, fondos de índices sobre tipos de interés, etc.). Estos mercados han sido objeto de fraudes colosales, como se desprende de las cuantiosas multas impuestas por las autoridades estadounidenses, británicas y europeas que superan la asombrosa cifra de 150.000 millones de dólares entre 2009 y 2015, según el analista financiero Corlytics.

 Durante aquellos años, la vinculación de las preferentes a un paraíso fiscal era un fenómeno completamente desconocido por la opinión pública. La inmensa mayoría de personas que adquirieron o a las que les colocaron estos productos no tenían ni la más remota idea de que fueran emitidas en las Islas Caimán. La utilización de participaciones preferentes estaba prevista en España como posibles instrumentos de capital desde 1985, pero la ley ni las definía ni desarrollaba sus características.

5. EL GRAN SECRETO DE LA BANCA ESPAÑOLA
¿Entonces cómo fue posible su puesta en marcha? Muy sencillo. Un simple beneplácito del Banco de España y una autorización oportuna de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y del Ministerio de Economía fueron lo que permitió la amplia difusión de estos productos, que no fueron legalizados formalmente hasta julio de 2003. La verdad es que durante varios años, las preferentes constituyeron el gran secreto de la banca española, un asunto completamente desconocido por los ciudadanos.

 Sobre este aspecto, Eduardo Blanco Marcilla señala que “aunque en la legislación española no estaba prevista la emisión de participaciones preferentes, su negociación en los mercados de valores sí estaba permitida, ya que un Acuerdo del Consejo de la CNMV del 21 de octubre de 1998 posibilitó la negociación de las participaciones preferentes en AIAF. Estas emisiones ya venían efectuándose por filiales extranjeras de empresas españolas domiciliadas fuera del ámbito nacional. En estos casos, la sociedad matriz actuaba como garante”. El mercado de las participaciones preferentes que se formalizaba en el AIAF estaba controlado por los bancos, que acordaban previamente las operaciones con los clientes. Acabó convirtiéndose en un mercado ficticio, en el que las transacciones no reflejaban los precios reales, como se puso pronto de manifiesto por el aumento de las reclamaciones.

6. LAS PRIMERAS PESQUISAS DE JIMÉNEZ VILLAREJO
Las sospechas de evasión fiscal practicada por numerosos bancos y cajas en este mundo financiero idílico en las aguas caribeñas, fue objeto de una investigación en 2001 por el entonces fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo. La indagación empezó con la apertura de un expediente por posible fraude fiscal contra tres cajas andaluzas (Caja Sur, El Monte y San Fernando). El motivo fue el sorprendente hallazgo de que tres entidades de ahorro de ámbito local o provincial habían constituido sociedades filiales en las Islas Caimán para emitir preferentes. El hecho no dejaba de resultar insólito, especialmente por tratarse de entidades de ahorro sin afán de lucro y sin un grado de especialización conocido para este tipo de operaciones más sofisticadas.

 Tirando del hilo, el fiscal logró obtener más información del Banco de España y de la CNMV. La documentación proporcionada por ambas instituciones puso al descubierto que la práctica de emitir participaciones preferentes en paraísos fiscales o centros offshore estaba mucho más extendida de lo que había imaginado. En aquellos años, la prensa económica tampoco había descubierto nada referente a este tipo de operaciones. Según la información elaborada por el Banco de España para el caso a petición del fiscal, entre el 1 de enero de 1997 y el 8 de enero de 2002, el volumen total de recursos captados en estas emisiones ascendía a 2,5 billones de pesetas (unos 15.104 millones de euros). Las 19 entidades que realizaron estas operaciones fueron la mayor parte de los principales bancos y cajas: los bancos Santander, Central Hispano, BBV, BBVA, Sabadell, Popular Español y Bankinter, y las cajas La Caixa, Caixa Catalunya, Caja Madrid, Caja España, Caja de Ahorros de Murcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Caja de Ahorros de Terrassa, Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, Caja Sur, El Monte y San Fernando. Todas las emisiones fueron realizadas desde las Islas Caimán, salvo las dos que realizó el BBV, en 1997, en Gibraltar.

El sistema operativo era muy sencillo. El banco o caja constituía una filial 100% de su propiedad en las Islas Caimán con carácter puramente instrumental, sin empleados, y que no realizaba otra actividad que la de emitir participaciones preferentes. Esta filial a veces era un simple apartado de correos.

La mecánica era una típica operación triangular en la que intervenían el ahorrador, que desconocía la existencia de esta operativa, la sociedad filial en las Islas Caimán y el banco o caja que promovía la operación. El dinero captado por la red bancaria figuraba como recibido por la filial y se depositaba en la matriz a cambio de una remuneración. Las filiales prestaban este dinero a sus respectivos bancos matrices, que pagaban unos intereses que se deducían del impuesto de sociedades en España. El inspector de Hacienda del Estado Francisco José Delmas ha señalado: “Dicha retribución estaba exenta de tributación al ser una cuenta bancaria de un no residente”, en un trabajo publicado por el Instituto de Estudios Fiscales. Y añadía que “la remuneración que abona la matriz a la filial por el depósito es un gasto deducible, ya que es un gasto financiero”.

A juicio del inspector de Hacienda, “existía un claro estímulo para efectuar las emisiones a través de filiales en las Islas Caimán tanto por razones financieras como fiscales”. En su artículo afirma: “La captación de recursos por esta vía era enormemente importante y preocupante, ya que no resultaba lógico ni ético que el sistema financiero español obtuviese sus recursos a través de filiales localizadas en paraísos fiscales”. Estos comentarios críticos, sin embargo, quedaban limitados al ámbito del mundo académico y, en consecuencia, apenas tenían repercusión social, por lo que permanecían desconocidos para los ciudadanos.

Las ventajas fiscales de las participaciones preferentes han sido señaladas también por Julio Segura, expresidente de la CNMV. “Las preferentes están reguladas desde 1985, pero no se utilizan hasta 1998. ¿Por qué se empiezan a emitir en 1998? Porque se les da un tratamiento fiscal especialmente favorable y se coloca una parte relevante, el 100%, desde el extranjero, todo lo cual es un mal negocio para España”.

El fiscal Jiménez Villarejo vio el burdo tejemaneje que suponían estas operaciones y rechazó la interpretación que permitía a los bancos la deducción de intereses. El fiscal estimó que “la actividad de la filial en las Islas Caimán se dirige y las decisiones sobre la misma se toman desde la matriz y además en el seno del mismo consejo de administración de la matriz”, según la Memoria de la Fiscalía Anticorrupción de 2003. En opinión de la fiscalía, la filial en el paraíso fiscal “debería ser considerada residente en España a efectos del impuesto sobre sociedades, por lo que debería tributar en el impuesto español".
 
Las participaciones preferentes fueron colocadas fácilmente entre la clientela de bancos y cajas porque se vendían como un producto seguro, como “un plazo fijo especial” que tenía una rentabilidad algo mayor. En aquella primera etapa en que se emitían desde las Islas Caimán (1998– 2003), los intereses que pagaban las operaciones en preferentes oscilaban entre el 4% y el 5,25%.

En este sentido, el informe de la fiscalía señala: “La razón por la que se ofrece una rentabilidad tan ventajosa a través de este producto financiero (las participaciones preferentes) es que se deja de ingresar indebidamente por parte de la sociedad filial una cantidad muy importante por beneficios que no se someten a tributación por el impuesto de sociedades”. Esto significa que con la parte del impuesto no pagado permitía ofrecer una mayor retribución.

 En la evaluación de estas prácticas, la memoria de la fiscalía indica que “por un lado, se trata de la retorsión de las normas tributarias más allá de la interpretación discutible a fin de procurar, por un lado, la no tributación de los beneficios que obtiene la sociedad filial en las Islas Caimán por los fondos propios de la entidad matriz y por otro obtener la deducción como gasto por parte de la entidad matriz de los gastos que ocasiona la retribución del depósito”. Y añadía que la situación creada “pese a su autorización y, en todo caso, su tolerancia, no dudamos en calificar de irregular y lesiva para el Tesoro Público en cuanto la elevadísima suma ya expresada”. Esta forma de operar de las principales entidades financieras españolas con el consentimiento y autorización de las autoridades públicas era un buen reflejo del poder de bancos y cajas sobre las instituciones que debían vigilarlas. Constituía un ejemplo claro de captura de las instituciones públicas por parte del poder financiero. Los bancos y cajas copiaron las participaciones preferentes del mundo anglosajón y lograron que fueran admitidas por el Banco de España y la CNMV antes de que fueran reguladas por la legislación española.

7. EL DOBLE ENGAÑO DEL NOMBRE
Desde un principio, las participaciones preferentes fueron comercializadas de manera tramposa. La primera artimaña ya estaba en su propia denominación: "participaciones preferentes". Se trataba de un doble engaño. La expresión es una malintencionada traducción del término anglosajón Preference share, cuyo significado correcto hubiera sido 'acciones preferentes'. Si se hubieran vendido como tales, es decir, como una modalidad de acciones, todo el mundo habría entendido que se trataba de un producto con riesgo. La palabra acción se asocia a Bolsa y, por tanto, a riesgo incluso para personas con escasa formación económica. En la documentación de la primera página del folleto de Caixa Catalunya de una emisión de 180 millones de euros se dice textualmente. “El término participación preferente es una traducción al español de la figura jurídica Preference Share”. La realidad es que la traducción correcta es de 'acciones preferentes', como utilizan con frecuencia los técnicos del Banco de España en sus trabajos.

 Pero en España, los bancos y cajas utilizaron este señuelo de “participaciones” que, además de ocultar que eran acciones, añadía otro gancho equívoco al calificarlas de “preferentes”, que se ofrecía como si se tratara de un producto destinado sólo a los mejores clientes, a los que se ofrecía un trato privilegiado. Las expresiones “es un producto sólo para clientes especiales”, “un producto especial para usted” eran las formas que permitían interpretar la palabra preferente como un trato predilecto. En realidad, la preferencia se refiere a que en caso de quiebra o liquidación de la entidad financiera los titulares de estos productos tienen prioridad para cobrar antes que los accionistas. Pero en el caso de las cajas de ahorros, entidades que carecen de accionistas, la preferencia es ante nadie porque estas entidades no tienen accionistas. Es decir, son los últimos en cobrar y, por lo tanto, carece de sentido hablar en estos casos de preferencia.

Como han señalado el catedrático Prosper Lamothe y el profesor Miguel Pérez Somalo, “el mantenimiento del término preferente contribuyó aún más a la confusión y a la percepción por parte de los clientes de un carácter seguro y de escaso o bajo riesgo del instrumento financiero, así como la apreciación de estar recibiendo un trato privilegiado por parte del banco”.

8. EL ARTIFICIO DE LA CAIXA
La Caixa, que contaba con una extraordinaria experiencia en la colocación de productos polémicos como habían sido las primas únicas, otra suerte de invitación a la elusión fiscal y burla de los coeficientes de inversión obligatoria, fue la entidad que colocó más preferentes en este período (1998–2003), hasta un total de 3.000 millones de euros, a través de las Islas Caimán. También después de su legalización en 2003 ha sido la entidad que ha comercializado más preferentes. En mayo de 2011 mantenía un saldo vivo de 4.898 millones de euros.

En un documento interno de La Caixa de junio de 1999, del Departamento de Gestión Recursos Ajenos y Seguimiento de Márgenes, titulado "Participaciones preferentes", se describe un argumentario para sus empleados señalando las diferencias existentes entre la oferta que está comercializando el Grupo La Caixa y otro tipo de productos que existían en el mercado en aquel momento. Entre las ventajas que La Caixa ofrece a sus posibles clientes destacan: “Liquidez garantizada diariamente sin riesgo de principal. Tipo mínimo garantizado los primeros tres años (4% TAE), tipo superior al mercado en todo momento (Euribor + 0,06%)”. Una garantía que en realidad difícilmente podían dar.

En el mencionado argumentario, La Caixa destacaba que se trata de “un producto fácilmente comprensible para el cliente", subrayando su “instrumentación en libreta”, con un “importe mínimo asequible (3.000 euros, 500.000 pesetas, aproximadamente", y con “rentas periódicas: dividendos trimestrales”. El uso de la libreta de ahorro como soporte de las preferentes daba una apariencia de un producto típico de ahorro similar a un depósito a plazo. “Entre el público objetivo” del nuevo producto, el argumentario mencionaba al cliente “conservador” y “como diversificación para el inversor más arriesgado”. Es llamativo que fuera un producto que resultara igualmente adecuado para una persona conservadora que para una arriesgada.

El argumentario señala expresamente como futuros inversores a “clientes con próximos vencimientos de otras inversiones”, entre las que cita las “Cédulas Hipotecarias” y el “Ahorro a plazo a 5 años con rentabilidades muy elevadas”. La realidad es que muchos ahorradores, guiados por La Caixa, cambiaron sus ahorros desde un lugar protegido por el Estado como eran los depósitos a plazo, por otro producto que creían igualmente seguro, pero que en realidad no lo era.

Como veremos más adelante, cuando vinieron los malos tiempos a partir de octubre y noviembre de 2011, la promesa de una “liquidez garantizada diariamente y sin riesgo de principal”, quedó en papel mojado. La entidad sufrió entonces una avalancha de protestas de miles de afectados y, para evitar un daño mayor a su reputación, acabó pactando un canje por otros productos con vencimiento fijo de hasta diez años, pero sin la liquidez inmediata que había prometido. Pero fueron necesarias numerosas y reiteradas protestas y movilizaciones para que los afectados lograran recuperar sus ahorros.

La introducción de las preferentes en España fue una iniciativa de bancos y cajas que lograron convencer a las autoridades tras una continuada insistencia. “Al principio, el Banco de España se resistió a admitir este tipo de productos propios de la cultura anglosajona, partidaria de la mínima regulación pública y que confiaba en las bondades de la autorregulación del propio mercado”, ha explicado un ex alto funcionario del banco emisor. Pero la verdad es que poco a poco las autoridades españolas fueron cediendo a la presión del lobby bancario y terminaron admitiendo como la cosa más normal del mundo que el sistema de capitalización de la banca y las cajas fuera a través de participaciones preferentes en centros offshore, por las ventajas fiscales que conllevaba. Para el supervisor bancario no constituía ninguna preocupación su uso para la evasión fiscal. De todas formas, el aspecto más censurable de las preferentes no fue su utilización para no pagar los impuestos debidos, sino haberlas empleado para captar los pequeños ahorros de cientos de miles de jubilados, personas sin los mínimos conocimientos financieros, niños, enfermos de Alzheimer y analfabetos a fin de recapitalizar sus bancos, que acabaron provocando graves pérdidas a personas vulnerables desde una perspectiva financiera.

9. LOS DIRECTIVOS ADMITEN QUE LES “REPUGNABA” IR A LOS PARAÍSOS FISCALES
Después de la debacle de las preferentes que estalló en la segunda mitad de 2011 y ante las justificadas protestas de decenas de miles de personas en todo el país, algunos directivos de las cajas han justificado que las emisiones en paraísos fiscales eran prácticas que se efectuaron “en contra de su voluntad” y que les incomodaba “la utilización de un paraíso fiscal”. Así, Josep M. Loza, que fue director general de Caixa Catalunya entre 1998 y 2008, admitió, en su comparecencia en el Parlament de Catalunya en julio de 2013, que la entidad que dirigía había realizado una emisión de preferentes en las Islas Caimán a través de su filial al 100% Caixa Catalunya Preferents Limited, de 300 millones en 1999 y otra de 180 millones en 2001. Al ser preguntado por los diputados, Loza manifestó que la sociedad “estaba domiciliada en las Islas Caimán, en contra de nuestro deseo y en contra de nuestras peticiones a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que luchamos mucho porque no nos gustaba y al Consejo no le gustaba, y se lo digo claramente que al Consejo de Administración no le gustaba”. Loza añadió: “Pero esto era un imperativo legal de cuestión de fiscalidad, no porque nosotros lo quisiésemos, ¿eh?”. El ex director general no aclaró, sin embargo, el significado de la expresión “imperativo legal de cuestión de fiscalidad”.

En la misma sesión intervino el catedrático de Economía de la Empresa Antoni Serra Ramoneda, que había presidido la mencionada entidad de ahorro durante más de veinte años, entre 1984 y 2005, y que había nombrado a Loza director general. Serra Ramoneda manifestó que la operativa a través de las Islas Caimán “no era evasión [fiscal]”. El profesor precisó que “era el Banco de España el que obligaba a que se hiciese en las Islas Caimán”. Y añadió: “Quiero decir en este sentido, sinceramente, claro que me repugnaba, ¿eh?, esto de las Islas Caimán, como me repugnaban otras cosas de otras entidades, pero si en aquel momento querías colocar los títulos, o pasabas por las Islas Caimán con la bendición del Banco de España y la bendición del ministro de Economía o no te comías una rosca”.

Cuando se le preguntó ¿por qué acudieron a los paraísos fiscales?, Serra Ramoneda aseguró en su comparecencia que no se trataba de “evadir”. En su explicación sostuvo que el problema era que estos títulos se colocaban sobre todo en el extranjero porque “si se hubieran emitido desde Barcelona se tendría que hacer retención, y esto hacía imposible la colocación en el extranjero”. Esta respuesta evidencia que sí había una motivación fiscal.

Por su parte, cuando se legalizaron las preferentes en 2003, José Luis Leal, entonces presidente de la patronal bancaria Asociación Española de Banca (AEB), señaló que la nueva regulación resolvía una laguna legal y recordó, por otra parte, que “España no tenía ahorro suficiente para financiar su crecimiento”.

Pero no todo el dinero que se captaba a través de las preferentes en paraísos fiscales procedía del extranjero, ni mucho menos. La mayor parte de la captación de ahorros se recogía entre la clientela tradicional a través de las propias redes de sucursales, como lo prueban los argumentarios de las entidades con directrices para captar clientes en España. Sobre este aspecto, cuando se legalizaron las participaciones preferentes en 2003, Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), expresó su satisfacción porque estos productos se pudieran emitir desde España señalando que respondía a una reclamación de las cajas desde hacía tres años. Quintás calificó de absurdo que “para captar dinero en Burgos haya que emitir títulos en paraísos fiscales”.

 La realidad es que la emisión de participaciones preferentes a través de paraísos fiscales fue cada vez una práctica más generalizada de las entidades financieras. En el caso de las cajas pequeñas, contaban con la colaboración de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, sin cuyo concurso no hubieran podido efectuar estas operaciones más complejas.

En su comparecencia en el Parlament de Catalunya ante la mencionada comisión de investigación sobre responsabilidades financieras (CIREF), Josep Ibern, presidente y ex director general de Caixa Laietana de Mataró, manifestó que “en los paraísos fiscales se tuvo que entrar ... para que pudiésemos contar como recursos propios las preferentes”. “Aquellas primeras emisiones”, insistió, “se tenían que emitir en estos paraísos”. Y añadió que “en estos paraísos no se deja, que yo sepa, ¿eh?, no se deja un duro, sino que es una simple instrumental que lo que hacía es que te daba la calificación cuando entrabas a España para tener recursos propios”. Reiteró que “es algo que tienen que hacer todas las cajas y bancos de España en aquel período, y es algo que se instrumentará a través de la propia Confederación de Cajas; quiere decir que no fue una cosa en la que fuéramos atípicos, la propia Confederación te daba los vehículos”. Lo cierto es que durante el período de 1998 y hasta mediados de 2003 se emitieron en los paraísos fiscales 18.693 millones de euros en participaciones preferentes, según los informes anuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

10. PÉRDIDAS DE HASTA 6.000 MILLONES DE INGRESOS FISCALES, SEGÚN ATTAC
Paralelamente a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, la inspección fiscal de la Agencia Tributaria estaba también pisando los talones a bancos y cajas por las participaciones preferentes. A mediados de 2002, un informe del Servicio Jurídico de Hacienda estableció que los rendimientos que la entidad filial en las Islas Caimán obtiene por los fondos captados con las participaciones preferentes y que ha prestado a la matriz son dividendos y que, por lo tanto, tributan al impuesto de sociedades. Para Hacienda no son intereses, como sostenían los bancos, lo que les permitía su deducción como gastos, sino que eran dividendos que debían pagar impuestos.

La derivada de evasión fiscal que comportaba el uso de las participaciones preferentes era algo que estaba fuera de dudas tanto para los fiscales como para los inspectores de Hacienda. Pero se trataba de una batalla que tenía dos grandes obstáculos que la hacían muy difícil para el Estado. Por una parte, era una práctica muy generalizada en la que habían incurrido casi todas las entidades financieras del país. No se podía expedientar o procesar a todos los administradores y ejecutivos del sistema financiero. Por otra, existía una notable asimetría entre el poder del Estado y el del lobby financiero con acceso directo a los máximos responsables del Ejecutivo y partidos políticos, que dependían directamente de su financiación. 

Las pérdidas para el Estado; es decir, para los contribuyentes que significaron estas prácticas, fueron puestas de manifiesto en aquel momento por Juan Hernández Vigueras, miembro del consejo científico de ATTAC y del Observatorio de Paraísos Fiscales. Basándose en cálculos de expertos en asuntos tributarios, Hernández Vigueras indicó en un trabajo publicado en 2003 que con las actuaciones de los inspectores fiscales el Estado podría haber recuperado unos ingresos cuantiosos. En su opinión, “estaban en juego entre 3.000 y 6.000 millones de euros que los bancos y cajas habrían tenido que pagar si Hacienda hubiera seguido adelante con la reclamación”.

Los ahorros de un barrendero
La historia me la cuenta Roque Borrás, hijo de un menesteroso barrendero que había logrado ahorrar 12.000 euros. La conversación se desarrolló una fría tarde de febrero de 2014, al final de la concentración semanal que venían realizando un grupo de damnificados por las preferentes cada martes durante más de dos años ante la sede de la Bolsa de Barcelona. Son personas mayores, la mayoría jubilados, pertrechados con sus carteles y pancartas, que pegan muy poco en el panorama de lujo y esplendor de las boutiques, restaurants y oficinas de negocios del Passeig de Gràcia. Pertenecen a la plataforma Estafa Banca y están ahí más para hacerse compañía y rearmarse entre ellos que para derribar a ningún imperio.

Roque, 56 años, es de los que llevan la voz cantante del grupo. Trabajador de Correos, afiliado a la UGT vive en Sant Vicenç del Horts, una población a 20 kilómetros de Barcelona que creció rápidamente a partir de los años sesenta con la llegada de emigrantes sobre todos de las tierras del Sur. Acabada la acción, sentados en una repisa del imponente edificio bursátil, me explica los motivos de su protesta.

“Estoy aquí por defender los intereses de mi padre”, explica. “Mi padre, que ya falleció”, cuenta, “era un barrendero que tenía unos 12.000 euros en preferentes de la Caixa y que le daban un 4%. Era todo el dinero que tenía para después de la jubilación. Le costó mucho esfuerzo, sudor y sangre ahorrarlos. Es por el honor de mi padre que quiero recuperar este dinero. Nos enteramos de que los tenía después de que falleciera. El director de la oficina sí que lo sabía pero no dijo nada. Por eso para evitar conflictos a la mayor parte de directores de las oficinas bancarias los han cambiado de sucursal”. Roque está orgulloso de su lucha y de haber logrado que de todos los miembros de su plataforma a unos 250 les hayan devuelto todo el dinero. “Yo llevo en la lucha desde los 14 años”, dice a modo de carta de presentación. “A mucha de la gente de nuestra plataforma le han robado los ahorros de toda la vida o la indemnización del despido. Aquí hay gente que ha sufrido mucho”. Hay un tono de profunda indignación en sus palabras dirigido contra la manera en que han actuado los bancos. “A la gente de arriba a los que tenían más dinero”, explica, “les avisaron para que vendieran sus preferentes y se las pasaron a los obreros. Por esto la mayor parte de la gente engañada es trabajadora”.

Roque explica cómo su grupo hizo numerosas protestas hasta que lograron que les devolvieran el dinero. “Al principio”, explica, ”la Caixa se negó a todo hasta que ocupamos la oficina donde trabaja la Infanta Cristina en Vía Laietana. Entonces vino a negociar Sebastián Sastre, (director de los Servicios Jurídico la Caixa) que hasta entonces no había querido saber nada con nosotros. Después negociamos y acordaron devolvernos el dinero. Antes habíamos estado también realizando protestas en la casa de Fainé, (presidente de la Caixa) en Sant Andreu de Llavaneres”.

Alcanzar un acuerdo con la Caixa y la recuperación del dinero no fue nada fácil. El relato de Roque Borrás es muy ilustrativo de las distintas etapas de las negociaciones de este grupo. “La Caixa ofreció primero un préstamo pignorado. Lo rechazamos. Luego otro préstamo pignorado con mejores condiciones y también lo rechazamos. La Caixa hizo tres modalidades de préstamo pignorado. Toda esta lucha duró unos cinco meses. Mucha gente que no se enteró de nada tuvo que aceptar el canje que le ofrecieron. La entidad celebró una Junta de Obligacionistas, y aunque nosotros montamos un gran follón ellos tenían muchos votos y se aprobó un canje”. El canje consistió en convertir las preferentes en otros productos complejos obligaciones subordinadas y obligaciones convertibles en acciones que implicaba tener la mayor parte del dinero atrapado hasta 10 años o en valores de riesgo como las acciones. El canje fue aceptado por el 98% de los casi 150.000 afectados. La pequeña minoría que resistió con la tenacidad de Roque Borrás y sus compañeros logró la devolución íntegra de sus ahorros tras varios meses de protestas.

“A mí me devolvieron el dinero de los últimos porque así lo pedí”, explica. “Durante la lucha”, continua, “me habían dicho que me lo arreglarían. Pero esperé a que cobraran primero mis compañeros. Ahora lucho en apoyo de los de Laietana (Bankia) y Catalunya Caixa”. “Nosotros no aceptamos ninguna quita”. Borrás calcula que en Catalunya ha habido unos 300.000 afectados. “Nosotros”, añade, “estamos contra Guindos, que decía que todo el mundo iba a recuperar todo su dinero y esto ya se ve que es mentira. Queremos conseguir lo mismo que hemos logrado de la Caixa y es que las demás entidades les devuelvan todo su dinero”.

Roque Borrás intervino en la Comissió d’Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors (CIREF), del Parlament de Catalunya el 19 de noviembre de 2013. Sus palabras emocionaron a muchos diputados: “Nosotros, La Plataforma Estafats per la Banca llevamos luchando ya más de un año y medio en la calle, los comienzos fueron muy difíciles porque partíamos de una gran estafa, la mayor estafa que se ha hecho en este país contra, principalmente, la clase más desfavorecida, la clase humilde, la clase trabajadora y los pensionistas y jubilados. Gente que habían sido despedidos de las empresas por ERE pusieron su dinero en los bancos confiando en la gente que llevaban años tratando con ellos, los directores de bancos. Metieron su dinero a plazo fijo, no especularon, no invirtieron nada, quien dice que somos inversores miente, la mayoría de gente que hoy está afectada por las participaciones preferentes, deuda subordinada, cédulas hipotecarias y otros productos tóxicos son gente que habían creído que ahorrando su dinero podrían llegar a tener una jubilación digna. Nosotros nos hemos encontrado en nuestra plataforma que hay compañeros y compañeras que tienen ya una cierta edad y llevan desde los siete años trabajando algunos para ahorrar un dinero y haber disfrutado una jubilación digna, y sin embargo ahora se han encontrado que este dinero que ellos tenían, los bancos se lo han robado”. Y añadió: “Ha habido gente que está enferma por esta situación y quien se ha suicidado por este problema”.

En su intervención el activista expresó especial indignación cuando recordó la falta de atención del Gobierno de la Generalitat. “Desde aquí también queremos denunciar la poca sensibilidad del president de la Generalitat, Artur Mas. Hemos ido durante más de un año a la puerta de la Generalitat, hemos solicitado una entrevista con él para que se ponga al lado de los ciudadanos, que son quienes lo votaron y quienes lo votarán cuando se presente la próxima vez. Y nos dio la espalda. No sólo no nos recibió, sino que no designó a nadie para que nos recibiera”. Terminó su intervención pidiendo a la Comisión de Investigación “que se comprometa con las personas ahorradoras en la recuperación del cien por cien de sus ahorros de Catalunya Caixa y Bankia”, y “exigir responsabilidades al sistema bancario por la estafa realizada, emprendiendo acciones judiciales para que investiguen quienes son los responsables y que no queden en la impunidad”, lo que provocó un largo aplauso.
 
 Fuente: ctxt.es