viernes, 21 de octubre de 2016

BRUSELAS NO SE CREE LOS PRESUPUESTOS DE RAJOY, PERO EL PSOE LE APOYARÁ



El Dictamen de la Comisión muestra y da carta de naturaleza, desde las más altas instancias de la UE y ante el conjunto de agentes económicos y mercados europeos, al evidente electoralismo con el que el PP ha llevado a cabo el diseño y la aprobación de los PGE 2017. Tan importantes como los negativos efectos del Dictamen sobre la credibilidad de las previsiones económicas y presupuestarias del Gobierno de Rajoy son las razones que esgrime la Comisión para justificar sus reservas.

En primer lugar, señala un escenario de crecimiento de la actividad económica y del empleo menos optimista que el del Gobierno del PP. Las previsiones de crecimiento del PIB serían inferiores (2 décimas en 2016 y 3 décimas en 2017) a las del Gobierno. Y lo mismo sucedería con las del crecimiento del empleo (1 décima menos en 2016 y 3 décimas, en 2017).

En segundo lugar, aprecia un impacto más débil de las medidas incentivadoras en materia fiscal (adelantamiento de la reducción de las retenciones a cuenta del IRPF que implantó a partir de julio de 2015 y próximas reducciones de las tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas) y de reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social (exención de los primeros 500 euros de la base reguladora por contingencias comunes en los nuevos contratos indefinidos). Medidas que reducirán en 3 décimas los ingresos en las arcas públicas.

Y en tercer lugar, apunta unas dudas más que razonables sobre la capacidad de comunidades autónomas y ayuntamientos para compensar la pérdida de ingresos fiscales que supondrían las medidas anteriores. Las dudas se extienden a la capacidad de entidades autonómicas y locales para mantener sobre sus espaldas (es decir, sobre las espaldas de la ciudadanía) el esfuerzo de seguir utilizando las tijeras para recortar el gasto público y cumplir con los objetivos de consolidación fiscal. Especialmente, en un nuevo escenario político que, según todos los sondeos, contará con nuevos actores capaces de barajar distintas alianzas gubernamentales y abiertos a encarar un nuevo encaje constitucional de las CCAA que estaría vinculado, probablemente, al desarrollo de un sistema presupuestario federal. Pocas posibilidades existirían, si se confirman tales previsiones, de desviar en exclusiva el ajuste y los recortes hacia las entidades autonómicas y locales.

La Comisión demanda expresamente a las autoridades españolas que vuelvan a enviar a Bruselas lo antes posible un nuevo proyecto de ley con los ajustes necesariospara 2017. Dada la más que sabida constitución del nuevo gobierno en las Cortes, hay que dar por descontado que esa demanda se dirige en realidad al nuevo Gobierno. Es un aviso de la ingrata tarea que le espera al próximo Gobierno, tras un año electoral en el que se ha permitido mantener una relajada orientación presupuestaria al servicio de los intereses electorales del PP. El nuevo Gobierno va a ser compelido por la Comisión a realizar nuevos recortes. Bruselas, con su Dictamen, no está tan interesada en desvelar la mala gestión presupuestaria del PP como en anunciar a posibles nuevos gobernantes que ahí sigue el aro por el que van a tener que pasar. 
Convendría que los ciudadanos tomaran nota y exigieran a las formaciones y a los líderes políticos a los que van a gobernar pronunciamientos inequívocos sobre si consideran convenientes y están dispuestos a gestionar esos nuevos recortes y, en su caso, en qué materias y en qué cuantías.

La crítica mayor de la Comisión permanece, no obstante, en la penumbra. España no solo no va a acercarse en lo más mínimo al objetivo que plantea el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de reducir el déficit estructural hasta un máximo del 0,4% del PIB, sino que marcha en dirección contraria, hacia un aumento del déficit estructural estimado en 2014 (1,8% del PIB), que aumentaría en 5 décimas en 2015 y en otras 2 décimas en 2016, para acabar situándose en el 2,5% del PIB. La economía española está aprovechando unos factores de crecimiento de carácter coyuntural (reducidos precios del petróleo, depreciación del euro y bajas tasas de interés, entre otros) para disminuir el déficit de sus cuentas públicas, pero pierde o desprecia la oportunidad de abordar los desequilibrios que son generados por una estructura fiscal inadecuada. La peor de las consecuencias de ese desprecio a la imprescindible tarea de ensanchar la base fiscal y aumentar la presión efectiva sobre los altos niveles de beneficios empresariales, rentas y patrimonios es la posibilidad de volver a la casilla de partida (un déficit fiscal inmanejable) en el caso de una nueva recesión cíclica.

La credibilidad de la economía española está en entredicho. Las políticas de austeridad son ineficaces y obstaculizan la tarea de situar los desequilibrios de las cuentas públicas en niveles manejables. Y aunque las medidas de expansión cuantitativa que sustenta el BCE siguen teniendo una gran efectividad a la hora de mantener en mínimos las primas de riesgo y las tasas de interés de la deuda pública, los inversores han comenzado a valorar el distinto nivel de riesgo que ofrece la deuda pública española frente a, por ejemplo, la italiana. Tras mantener ambas primas de riesgo la misma tendencia bajista durante todo el año 2014, con una diferencia siempre a favor del bono español a 10 años, a principios de 2015 esa distancia desaparece y a partir de mediados de junio de este año la prima de riesgo española pasa a ser más alta que la italiana. Y así se mantiene hasta ahora. El pasado lunes 19 de octubre la prima de riesgo del bono italiano a 10 años (diferencia en las tasas de interés respecto al bono alemán) era de 104 puntos básicos frente a los 120, del bono español. Y lo mismo ocurre con la deuda privada.

La gestión de la crisis realizada por el Gobierno Rajoy muestra, gracias a la lupa de la Comisión, algunas de sus muchas debilidades e insuficiencias. La necesidad del cambio sigue siendo perentoria.