jueves, 17 de noviembre de 2016

ESPAÑA ES HOY UN INMENSO BAR, UN PAÍS DE CAMAREROS


El mundo de las nuevas tecnologías, de la revolución tecnológica más grande de las habidas hasta la fecha, esa que podría conseguir que la jornada laboral quedase reducida a la mitad de la hasta ahora vigente en el mundo occidental, camina a pasos acelerados hacia la supresión de todos los derechos laborales, derechos de los que, en buena medida, dependen todos los demás. En España, la jornada laboral de ocho horas se consiguió en 1919 gracias a dos grande hitos del movimiento obrero, la huelga general de 1917 y la huelga de La Canadiense de aquel año. Las sucesivas contrarreformas laborales pero sobre todo la última firmada por el Partido Popular, al permitir a las empresas desvincularse de los convenios colectivos por motivos subjetivos, han dado un golpe mortal a todos los derechos de los trabajadores españoles ya que un empresario puede argüir cuestiones tan peregrinas como una previsión menor de beneficios para saltarse unilateralmente lo que ha firmado. Si a eso añadimos que las inspecciones laborales apenas existen y que el miedo al paro tiene atenazados a la mayoría de los que trabajan por miedo a engrosar sus filas, tenemos la ecuación perfecta que explica la situación de precariedad y explotación laboral existente en nuestro país, una situación cada día más insoportable para quienes la padecen, que ven como sus interminables jornadas laborales no les dan para pagar los gastos corrientes, y para las arcas del Estado, que ve como cada día que pasa tiene menos capacidad para financiar los servicios públicos esenciales, dentro de un proceso perfectamente planificado que conduce a su privatización por esclerosis económica.
La situación es trágica por que causa terrible dolor a millones de personas y porque deja sin esperanzas a quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo, estén preparados o lo estén menos, porque también se nos está engañando en esto: para trabajar en un supermercado o barrer las calles no hace falta ser ingeniero de minas ni tener un máster por la Universidad de Yale, sólo es menester tener buena disposición y ser respetado por el patrón en derechos, horarios y sueldo. La propaganda y el discurso vigente nos han hecho ver a casi todos que lo que ocurre es inevitable, que no hay manera de salir de esta espiral degradante que hace que los ricos y poderosos tengan cada vez más riquezas y derechos mientras que la inmensa mayoría, la que trabaja y mantiene todo lo demás y a todos los demás, sea cada vez más pobre y menos respetada por las leyes y por quienes tienen la obligación de elaborarlas y hacerlas cumplir. Una especie de fatalidad histórica se ha introducido en el ser individual y colectivo de nuestra otrora opulenta sociedad, provocando en los más una resignación cristiana que impide cualquier reacción, y en los menos, la búsqueda de la salida individual al precio que sea. Sin embargo, esa fatalidad, esa indolencia, esa resignación son los instrumentos que está utilizando el sistema para hacernos creer que no hay soluciones cuando éstas siempre han estado en nuestras manos y son de fácil aplicación, sobre todo porque ya se han utilizado en otras ocasiones muchísimo peores a lo largo de la historia reciente del hombre.
España es hoy un inmenso bar, un país de camareros y de contratados temporales para servir al turista. Situémonos en uno de esos tan de moda donde se veneran vinos y comidas a precio considerable o en un hotel que espera la llegada de doscientos ingleses para las doce de la mañana. El simple hecho de que los trabajadores fuesen capaces de hacer un plante a la hora de servir las bebidas, recibir a los turistas o almacenar los productos perecederos crearía un problema de tal envergadura que obligaría –de hacerlo bien- a los patronos católicos y felices a sentarse a negociar las condiciones de trabajo. Pero si es que el miedo es tan grande –como lo es- que nadie estuviese dispuesto a tal cosa, bastaría con que quienes formamos las sociedad civil, utilizando sindicatos, organizaciones no gubernamentales o cualquier otro tipo de sociedad, fuésemos capaces de crear un sello, una especie de pegatina, al uso de esas que se utilizan para acreditar la calidad de los establecimientos, que al pegarse en las puertas de los establecimientos de cualquier tipo, indicase que ese comercio, esa tienda, ese bar, esa oficina, ese importador, respeta todos los derechos económicos, sociales y políticos de sus trabajadores. Si implantado ese sello, esa pegatina, ese certificado público, hay personas que siguen dispuestas a comprar en supermercados que explotan a quienes los llevan adelante, a comer en restaurantes que esclavizan o a vestirse en boticas que fabrican en Bangladesh a un euro la hora, todavía quedaría una opción al menos en las ciudades que no están gobernadas por la extrema derecha católica y neoliberal, que a las policías locales y autonómicas se les atribuyese competencia adecuada para inspeccionar y acreditar el respeto a los derechos de los trabajadores. No es ningún imposible, imposible es seguir como estamos viendo como la vida de millones de personas se degrada sin que haya respuesta alguna.