La Conselleria de Sanitat adelanta 57,8 millones de euros al mes a las concesionarias para garantizar su funcionamiento diario. La investigación judicial a Ribera Salud por el presunto cobro de comisiones ilegales reabre el debate sobre el modelo de gestión privada ideado por el PP.
El hospital de la Ribera, en Alzira.
El modelo de gestión privada de los hospitales públicos implantado en cinco departamentos de salud (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche) por el PP costará de inicio a los valencianos 693,4 millones de euros, solo este año.
Según han explicado fuentes de la Conselleria de Sanidad, esta cifra sale de multiplicar la cápita (gasto sanitario estimado por habitante), que este año asciende a 775,45 euros, por el número de habitantes asignado a cada departamento.
De esta forma, en el presente año Sanidad está avanzando a las diferentes concesionarias (Ribera Salud, DKV y Sanitas) 57,8 millones de euros al mes para garantizar el funcionamiento de estos hospitales.
Las mismas fuentes han explicado que "a final de año se saca una liquidación para ver si la Administración debe aportar alguna cantidad adicional o si la concesionaria debe devolver dinero que ha cobrado de más".
Tal y como denunció a principios de este mes la consellera de Sanidad, Carmen Montón, las diferentes concesionarias deben a las arcas públicas más de 260 millones de euros en concepto de estas liquidaciones desde el año 2008, puesto que el Consell del PP no los exigió.
Del total de los departamentos privatizados, la Ribera-Alzira, con una población de 246.000 personas; Torrevieja, que atiende a 156.000 y Elx-Crevillent, a 148.000 son gestionados por Ribera Salud, una sociedad participada al 50% por Banco de Sabadell y por la empresa norteamericana Centene Corporation.
En el caso de Dénia, que atiende a una población de 150.000 personas, Ribera Salud posee un 35% de la concesión, mientras el otro 65% corresponde a DKV. El hospital de Manises, con un área de 193.000 habitantes, es gestionado por Sanitas.
Como ha informado eldiario.es, la gestión de Ribera Salud está en entredicho ante la investigación judicial abierta por el presunto cobro de comisiones ilegales por la compra de prótesis pagadas con dinero público.
De hecho, la Fiscalía ha pedido la imputación de Alberto de Rosa y Pablo Gallart, los administradores de B2B, la central de compras de Ribera Salud.
Ante esta situación, la Conselleria de Sanidad está "estudiando personarse" en la causa abierta en un juzgado de Valencia.
Su presencia en el proceso, de ejecutarse finalmente y ser aceptada por el juez, le permitiría perseguir por la vía penal una eventual práctica delictiva. Además, de probarse las irregularidades bajo investigación, podría exigir la devolución del dinero escamoteado a las arcas públicas.
El escándalo ha reabierto el debate sobre la conveniencia de rescatar la gestión de los hospitales privatizados para que se integren en la red pública.
Los portavoces de los partidos que gobiernan la Generalitat (PSPV y Compromís) consideran que a raíz de esta investigación se puede abrir un expediente sancionador a la empresa e incluso rescindir la concesión.
En este sentido, el Consell ya ha manifestado que recuperará el control del hospital de Alzira, cuya concesión caduca en 2018, un año antes de que finalice la legislatura.
El resto de centros sanitarios de gestión privada acaban sus concesiones en 2021 (Torrevieja y Dénia), en 2024 (Manises) y en 2025 (Elche). En el caso de Dénia, el Consell negocia la adquisión de la mayoría accionarial con DKV, empresa que manifestó su voluntad de abandonar la concesión.
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