jueves, 16 de marzo de 2017

Ábalos: “La Gestora quiere dejar sin voto en las primarias a los seguidores de Sánchez”


Fernando I. Lizundia * | Cuarto Poder |


“Todo comenzó hace un mes, cuando Pedro Sánchez anunció en Dos Hermanas su candidatura a secretario general en las primarias de mayo. A partir de ese momento no han dejado de llegarnos denuncias, que en muchos casos hemos podido constatar nosotros mismos, de irregularidades con el censo de militantes del partido, destinadas a arrebatar el derecho a voto a los simpatizantes de Pedro”, asegura acuartopoder.es José Luis Ábalos, secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia y diputado nacional de la citada formación.
“Ellos confiaban en una designación [de Susana Díaz] a la búlgara, por aclamación, como ya lo hicieron en Sevilla. Así, que para qué se iban a complicar la vida. Todo se fue al garete el 28 de enero”, explica, “cuando Pedro hizo el anuncio. Inmediatamente empezaron a llegar denuncias de irregularidades con el censo”, era el comienzo de la guerra sucia desatada por Ferraz contra el último secretario general de la formación, para arruinar su intento de ser reelegido.
Según ha podido saber cuartopoder.es, las medidas presuntamente adoptadas por la Comisión Gestora que preside Javier Fernández son globalmente de dos tipos: por un lado, las tendentes a dejar fuera del censo a personas consideradas próximas o potencialmente afines a Pedro Sánchez, y, por otro lado, las destinadas a engrosar la lista de los considerados ‘leales’.
“Inscriben al candidato como simpatizante en lugar de como militante o no pasan los recibos para que haya impagos y pierdan así el derecho a votar”
En el primer caso, según denuncia Recupera Socialismo (@RecuperaSOC), son varias las medidas adoptadas. Por una parte, se trata de evitar que los militantes que dejaron de pagar sus cuotas tras la expulsión de Sánchez, el pasado 1 de octubre, o causaron baja en el partido, puedan volver a darse de alta.
Los medios son muy variados: “Es imposible completar la tramitación online del alta. Siempre hay problemas. Lo intenté infinidad de veces y al final, harta, imprimí el documento y me fui a Ferraz a entregarlo en mano”, cuenta a este medio Zaida Cantera, diputada independiente del PSOE, que recientemente formalizó su afiliación.
Fue ella quien, el pasado 26 de diciembre, denunciaba a este medio digital que tras la llegada de la Gestora se habían comenzado a registrar los primeros problemas con las altas y que el nuevo colectivo rector había cambiado a todos los miembros del equipo informático que gestionaba, entre otras cosas, el censo de militantes socialistas.
Otra de las prácticas fraudulentas es tramitar de forma irregular el alta, “inscriben al candidato como simpatizante, en lugar de hacerlo como militante, lo que le priva del derecho de voto. También se están dejando de pasar al cobro el recibo de la cuota de militancia. Esto supone que cuando toque votar, los afectados no podrán hacerlo, por no estar al día en sus pagos”, señala Ábalos, quien agrega: “Todo esto está generando mucha inquietud, está cundiendo la intranquilidad, porque lo que está sucediendo en estos momentos, nunca antes se había visto. Nada mejor que un ejemplo: tenemos un grupo de más de 180 personas en Albacete, a las que no se permite formalizar el alta. En Zaragoza norte hay otro grupo de 50 pendientes de completar el trámite”, comenta.
En opinión de Ábalos, “el 1 de octubre, cuando Pedro Sánchez dimitió, se debería haber congelado el censo. Lo que no es aceptable es que en una situación de tanta inestabilidad esté el censo abierto. No es normal. No se puede alterar el cuerpo electoral, puesto que es básico para garantizar un proceso democrático”.
“La Gestora y Susana se están teniendo que enfrentarse a una movilización sin precedentes de las bases del partido. Un movimiento que ha sorprendido al aparato con el paso cambiado”, explica José Luis Ábalos. “Mientras que los actos de Pedro Sánchez son espontáneamente multitudinarios, en los de Susana obligan a asistir a todo aquel que ostente un cargo público, para que los locales no queden desoladoramente vacíos, como le sucedió en Azuqueca de Henares”.
“En los actos en los que participa Susana Díaz obligan a asistir a todo aquel que ostente un cargo público, para que los locales no ofrezcan una desoladora imagen de vacío”
Matías Alonso, secretario de Memoria Histórica del PSPV-PSOE, contactado por cuartopoder.es, aclara que “para tratar de equilibrar la correlación de fuerzas, están afiliando a grupos familiares al completo (padres, madres, hermanos, primos, tíos…) de gente con cargo orgánico en el partido. También están obligando a darse de alta en el partido a todos los cargos públicos y a los asesores. Además, hemos registrado casos de traslados irregulares de fichas de inscripción”.
Ábalos también menciona uno de los casos que él considera “más sangrantes” de esta campaña de exclusión que denuncian los seguidores de Sánchez: “A los algo más de 4.000 afiliados de América se les ha conminado a reafiliarse, cumplimentando unos impresos que deben enviar por correo a Ferraz” algo que ha provocado un gran malestar entre aquel colectivo.
Ante semejante cúmulo de irregularidades, representantes de Pedro Sánchez enviaron el lunes una carta a la Comisión Gestora solicitando una reunión para tratar esta cuestión.
Al preguntarle por las declaraciones de Patxi López, tercero en discordia y que asegura que se fía del censo oficial y que no le plantea problemas mayores, Ábalos se muestra taxativo: “En su origen era una candidatura de oportunidad. Si lograba que Sánchez se retirase o que Susana no se presentara, había ganado. De todas forma, ellos mismos lo dicen: la suya es una candidatura sin riesgo, se sumarán al que gane”.
En opinión de Matías Alonso, toda esta sobrerreacción de la Gestora y de Susana Díaz está motivada por varios factores. Por un lado, ven que “a pesar del golpe de timón, el PSOE sigue cayendo en las encuestas y ya está cuatro puntos por debajo de los malísimos resultados de Pedro Sánchez”. Otra cuestión que “les asusta es el sistema participativo que impulsa el equipo de Sánchez, donde las agrupaciones aportan ideas y participan en los debates para elaborar el programa marco”. Por último, “sólo ahora han comenzado a darse cuenta en Ferraz de la profunda herida que causaron en la gente los acontecimientos del 1 de octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez fue obligado a dimitir como secretario general tras la conjura de Zamora”, donde el oficialismo urdió el plan para deshacerse de Pedro y entregar el gobierno al Partido Popular deMariano Rajoy“. “Y eso, la gente, ni lo olvida ni perdona”, apostilla.
Fuentes socialistas consultadas por cuartopoder.es han señalado que todas las candidaturas –pero especialmente las de Sánchez y Díaz–tratan de arrimar el ascua a su sardina a la hora de depurar los censos de aquellas agrupaciones en las que tienen mayor peso, para poder recuperar a aquellos militantes que, por una u otra razón, podrían quedar excluidos del listado de militantes con derecho a voto.
(*) Fernando I. Lizundia es periodista.

Wilders pierde, ¿pero quién gobernará Holanda?

Una participación histórica mantiene al PVV fuera del gobierno, pero la formación de una coalición viable se presenta complicada. Entre los partidos que más crecen, destaca la Izquierda Verde.

Geert Wilders pronuncia un discurso en un acto del movimiento alemán Pegida en abril de 2015 METROPOLICO.ORG


El día antes de las elecciones, dos tercios de los 13 millones de holandeses con derecho al sufragio todavía no sabían a quién votar. Lo que sí tenían claro, sin embargo, era que había mucho en juego. Cerca de un 80% —una participación bastante más alta de lo esperada— aprovechó el soleado día para ejercer su derecho democrático. Muchos se sentían movidos por el temor de que el Partido por la Libertad de Wilders saliera como el más votado. En su lugar, el ganador es el VVD del primer ministro Rutte. Eso sí, perdió ocho escaños, quedándose en 33 de los 150 que componen la Cámara Baja holandesa.
Con el recuento de votos casi finalizado, el PVV de Wilders, que en los sondeos de diciembre subía hasta 36 escaños, ha acabado en segundo lugar, con 20 escaños, cinco más de los que tiene hoy. Le siguen de cerca otros dos partidos: los liberales progresistas de D66 y los democristianos del CDA, ambos con 19 escaños. La Izquierda Verde, liderada por el dinámico Jesse Klaver, treintañero de padre marroquí y madre de ascendencia indonesia, casi cuadruplica su presencia parlamentaria y pasa de 4 a 14, un récord histórico. La preocupación medioambiental del electorado holandés es llamativa: un partido ecologista más pequeño y radical, el Partido de los Animales, pasa de 2 a 5 escaños. (También es la única formación liderada por una mujer.)
Los grandes damnificados de este día electoral son los socialdemócratas de Lodewijk Asscher, que forman el gobierno actual en coalición con el VVD. El Partido del Trabajo encaja una derrota histórica, pasando de 38 a 9 escaños, una pérdida de más de casi tres cuartos. Es, con distancia, el peor resultado desde la fundación del partido en 1946.
Los últimos días de la campaña estuvieron marcados por una crisis diplomática con Turquía. El conflicto se desató cuando Holanda deportó a una ministra turca que había entrado al país para hacer campaña por el referéndum de Erdogan. Hubo protestas callejeras y enfrentamientos violentos entre activistas turcos y la policía de Rotterdam. A Rutte, la crisis le brindó una oportunidad dorada: pudo demostrar un liderazgo decidido, al mismo tiempo que subrayó su vehemente rechazo a los manifestantes, que blandían banderas turcas y repetían la acusación de Erdogan de que la actitud del gobierno holandés era “fascista”. Cuando, después, Erdogan acusó a los holandeses del genocidio de 8000 musulmanes en la ciudad bosnia de Srebrenica que, en 1995, estaba bajo la protección de una unidad militar neerlandesa, Rutte denunció el “asqueroso revisionismo” del líder turco, agregando que “Holanda no se deja intimidar”. En sus intervenciones públicas del fin de semana, el propio Rutte subrayó el contraste entre su papel valiente como protector del país y la actitud de Wilders, que —decía— no hace más que “tuitear desde el sofá”. (Wilders, que lleva 12 años viviendo bajo protección policial, casi no aparece en público y, como Trump, usa Twitter como su principal canal de comunicación.)
A pesar de que el PVV gana escaños, los resultados no pueden ser sino decepcionantes para la formación de Wilders. Sin embargo, es difícil sobreestimar su influencia en la política holandesa estos últimos años. Wilders ha logrado definir los marcos principales del debate político y social. En particular, gracias a él la identidad nacional —supuestamente amenazada por la inmigración y la Unión Europea— se convirtió en el tema central de la campaña. Tampoco la izquierda ha sido capaz de escapar esta tendencia. Este fin de semana, por ejemplo, Asscher, el líder socialdemócrata, se vio obligado a condenar a los turcos nacionalistas como “escoria” y “maleantes”. Esta actitud le ha costado votos al partido socialdemócrata. Un partido nuevo fundado por dos de sus parlamentarios de ascendencia turca, Denk (Piensa), que se perfila como defensor de los inmigrantes, logra tres escaños. (Es llamativo que, en Amsterdam, la capital, Denk haya conseguido más votos que el partido de Wilders y ha quedado a menos de 1% de los socialdemócratas; en Rotterdam, Denk saca un 8,1%).
***
Terminadas las elecciones, se inicia ahora un protocolo preestablecido que tiene tres fases. Primero, la actual presidenta de la Cámara inicia un proceso de exploración que recopile los deseos y perspectivas de todos los partidos. Después, un “informador” explorará las combinaciones de partidos capaces de formar una coalición que acapare una mayoría parlamentaria. Una vez identificada esa combinación, un “formador” —generalmente el líder del partido mayor de la coalición prospectiva— se hace cargo de una negociación que debe producir un acuerdo que sirva de base para un gobierno.
Este proceso es de rigor en el sistema democrático holandés desde la Segunda Guerra Mundial, donde ningún partido ha ganado una mayoría absoluta y todos los gobiernos han sido de coalición. Pero se presenta más endiabladas que de costumbre. Para empezar, el parlamento está más fragmentado que nunca. (En 2012, los tres grandes partidos tradicionales —VVD, CDA, PvdA— acaparaban casi dos terceras partes del parlamento; en 2017, no llegan a un 40%). Además, la mayoría de los partidos ya ha excluido de antemano la posibilidad de gobernar con Wilders. Y finalmente, todas las coaliciones viables representan combinaciones de partidos divididos por profundos desacuerdos en materia económica (impuestos, legislación laboral), social (inmigración, sanidad, medio ambiente), y ética (eutanasia).
La iniciativa le toca sin duda a Mark Rutte del VVD, que tiene toda posibilidad de renovar como primer ministro. Sus dos socios más naturales serán los democristianos (CDA) y los liberales progresistas (D66) para formar un gabinete centroderechista con un claro perfil liberal. Juntos, sin embargo, los tres suman 71 escaños. Para llegar a los 76 necesarios para una mayoría, podrían invitar a la Izquierda Verde, cuyas propuestas económicas y laborales se oponen diametralmente a las del VVD. Otra posibilidad es que se sume uno de los dos pequeños partidos confesionales (el partido ortodoxo-protestante, CU, y el partido calvinista, SGP); pero éstos se oponen radicalmente a la legislación en torno a la eutanasia que D66 ha convertido en punto central de su campaña, y que, entre otras cosas, permitiría que termine su vida una persona mayor de 75 años que considere que su vida “está concluida”. (La legislación actual limita la eutanasia legal a los que “sufren insoportablemente”.) Aunque tanto los partidos como el electorado asumen la inevitabilidad de compromisos, los partidos no suelen estar dispuestos a sacrificar los puntos centrales de su programa electoral.
Los resultados anunciados esta madrugada son preliminares, resultado de un recuento a mano, casi completo, de las más de 10 millones de papeletas. Poco antes de las elecciones, la junta electoral anunció que eliminaría toda herramienta informática del proceso electoral, dada la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos de Rusia u otras partes. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el 21 de marzo.
FUENTECTXT

Granados señala a Esperanza Aguirre ante el juez de Púnica y pide que la llame a declarar

Desliza que sólo Aguirre pudo influir en otros miembros del Gobierno regional bajo sospecha y añade que la presidenta le impuso a sus colaboradores. “Que indique qué influencia pudo ejercer Granados sobre la gestión de otros consejeros; si él tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que le atribuye la UCO", dicen los abogados del encarcelado. También solicita en un escrito que el juez cite a González Taboada, miembro del Gobierno de Cifuentes al que Marjaliza acusó de cobrar comisiones.

Granados, Aguirre y González en un acto electoral
El antiguo hombre fuerte del PP madrileño Francisco Granados, en prisión desde hace dos años y medio como presunto cabecilla de la trama Púnica, ha solicitado este miércoles al juez Eloy Velasco que cite a declarar a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP durante los hechos investigados y para la que el imputado ejercía de mano derecha.
El escrito de la defensa de Granados, al que ha tenido acceso eldiario.es, deja entrever que Aguirre era la única persona capaz de ejercer la influencia e impartir las directrices a otros consejeros que la investigación le atribuye a él. 
Granados quiere que Esperanza Aguirre le explique al juez si es posible que él pudiera influenciar a otros consejeros del Gobierno regional para que aprobaran las partidas bajo la lupa de la Fiscalía y la Guardia Civil. “Que indique (Aguirre) qué influencia pudo ejercer (Granados) sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo el señor Granados en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valdemoro, en los conciertos de colegios y cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como los altos cargos de su Consejería que lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza”.
En el mismo escrito, Granados pide al juez que llame al exconsejero de Cultura Santiago Fisas, a la antigua responsable de Urbanismo Ana Isabel Mariño; y a la de Ordenación del Territorio Beatriz Elorriaga.
La petición de Granados se produce apenas una semana después de la tormenta desatada por las últimas actuaciones del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en la investigación de la financiación irregular del PP madrileño, también durante la presidencia de Aguirre, y que forma una pieza separada, y todavía secreta, de la causa Púnica.
Con el segundo cambio de abogados, Granados ha inaugurado una nueva estrategia de defensa. De aguardar acontecimientos en la prisión de Estremera ha pasado a mostrar una supuesta colaboración con la justicia, que ha incluido una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional. Por el momento, Granados no ha conseguido su objetivo de abandonar la situación de prisión provisional. 

El consejero de Cifuentes

El último movimiento de Granados también salpica a Cristina Cifuentes, la sucesora de Aguirre al frente del PP madrileño. El empresario David Marjaliza, antiguo socio de Granados, salió de la cárcel tras colaborar con el juez y señalar, entre otros, a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente de Cifuentes, como uno de los implicados en la trama de corrupción por su actuación como director general del Territorio y presidente de la empresa pública que administraba el suelo.
En el documento entregado ahora por la defensa de Granados al juez, el exconsejero de Presidencia también solicita la declaración de González Taboada, que niega las acusaciones de Marjaliza. Cifuentes ha hecho hasta ahora una defensa cerrada de su consejero.
“Se estima necesaria la práctica de esta diligencia a los efectos de que (González Taboada) desmienta las declaraciones de David Marjaliza sobre el Plan Prisma, en las que se le acusa de cobrar comisiones; que explique el funcionamiento del citado Plan Prisma, que manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho plan con destino al señor Granados; y que confirme que su nombramiento no se debió a una decisión personal del señor Granados”, dice la defensa de éste último.
Granados desliza que responsables de la antigua empresa pública Nuevo Arpegio están sufriendo presiones para que no colaboren con la justicia. González Taboada debe aclarar ante el juez, según Granados, ese grado de colaboración y si “le consta que algún empleado de Nuevo Arpegio le ha manifestado temor a sufrir represalias o presiones para no colaborar con la Justicia”.
Francisco Granados también solicita las testificales de otras personas, entre ellas el exalcalde de Getafe y actual senador Juan Soler, investigado en el caso Teatro, para que confirme o desmienta la comisión que le pagó Marjaliza, según el testimonio de éste. Granados también quiere que declare como testigo otro exalcalde de Getafe, el socialista Pedro Castro, y el concejal de Urbanismo de éste, Francisco Vázquez, por la negociación sobre unas construcciones que los citados habrían acordado con Ignacio González. 
Asimismo quiere el juez llame de una vez a declarar al exalcalde de Alcalá de Henares, actual diputado autonómico y estrecho colaborador de Aguirre en el pasado, Bartolomé González, al que Marjaliza señaló como perceptor de una mordida de 60.000 euros. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregó al juez un informe en septiembre de 2016 en el que da credibilidad a la acusación de Marjaliza.

miércoles, 15 de marzo de 2017

El Tribunal Supremo multa con un millón de euros a Endesa por cortes eléctricos en Sevilla en 2004

Califica muy grave incidente el Ocurrió durante varios días entre Junio ​​y Julio de los episodios episodios finales.


El Tribunal Supremo (TS) ha impuesto Una Millón ONU euro fina Endesa por parte de "una falta muy graves" Con los recortes similares suministro eléctrico de entre 43 minutos y mas de 14 horas, lo que produjeron en Sevilla y su provincia baño El Verano 2004 en el hormigón del 1 de junio hasta el 16 de julio, y que afectaron, SEGÚN los casos de 1202 a 62,151 clientes.
Ç en ola, estima el recurso de la Junta de Andalucía y parcialmente el de Endesa y cancela sus frases tiempo recurrida su para su compañía, modificándolo calificacion de la Infracción, Que Pasa una tumba muy Ser, y la cuantía de la multa, que si fija en el citado euros Millon.

Cabe recordar que La Junta de Andalucía impulso Endesa Una multa de 1,502,530 de euros en este caso para una tumba muy peligroso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo de su empresa y, rebajar: Además de la calificacion de la tumba Infracción muy grave a Fijo En La finos 60.101 euros. El TS, sin embargo, La Razón de a la Junta de Andalucía.

viernes, 9 de diciembre de 2016

ESPAÑA BATE RÉCORD CON 5,9 MILLONES DE ASALARIADOS QUE COBRAN MENOS DEL SALARIO MÍNIMO

Este colectivo representa el 34,4% de los asalariados.
La figura del trabajador pobre gana terreno. España cerró 2015 con 5,9 millones de asalariados que tuvieron algún tipo de trabajo durante el año, pero que en el conjunto del ejercicio no lograron alcanzar el salario mínimo interprofesional fijado para esa anualidad: 9.080,40 euros brutos en 14 pagas.
Esta es una de las principales conclusiones que se extraen de las estadísticas que ofrece la Agencia Tributaria, donde se observa cómo 2015 ha sido la anualidad con más trabajadores en esta situación, de acuerdo a los datos que ofrece la misma fuente desde 1999.
El elevado índice de temporalidad del mercado laboral en España explica que este colectivo de trabajadores se sitúe al alza. Son empleados que obtuvieron una determinada renta a lo largo del ejercicio -ya fuera tras suscribir uno o varios contratos por días, semanas o meses- sin que en el conjunto del ejercicio hayan llegado al salario mínimo.
España cuenta con un 1,16% más de trabajadores pobres que el año anterior, cuando había 5,8 millones. El incremento es del 10,9% si se pone en relación con el inicio de la crisis (2008), cuando había 5,37 millones. Es decir: España tiene 587.066 asalariados más en esta situación que al comienzo de la recesión.
Así, este colectivo representa el 34,4% del total de los asalariados -se mantiene estable desde hace tres años-, y ha experimentado un incremento de siete puntos porcentuales en comparación con 2008 (27,8%).
Estas cifras no contradicen a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, quien ha asegurado esta semana “nadie que trabaje 40 horas cobra por debajo del salario mínimo”, porque eso “sería ilegal”. Sin embargo, ponen de manifiesto cómo el aumento de la temporalidad y la caída de los sueldos están consolidando la figura de los asalariados que trabajan por días, semanas o unos meses. Personas que, por ende, ingresan una renta del trabajo mínima.
Detrás de estadísticas como esta hay profesionales como Alberto Heras, un arquitecto de 27 años con residencia en Madrid, que durante los últimos meses ha trabajado en diferentes proyectos tanto en España, como en Alemania o en México. “Desde que terminé la carrera me di de alta como autónomo y siempre he estado en activo. Durante el último año he encadenado varios proyectos. Si hacemos un paralelismo con un trabajador por cuenta ajena, he percibido un salario como tal en febrero, mayo, junio y julio”, explica Heras en declaraciones a bez.es, quien reconoce que a pesar de su esfuerzo y de la envergadura del trabajo desarrollado no ha llegado a alcanzar la renta mínima anual.
A su juicio, “el mercado laboral está en una situación de cambio y evolución, donde la temporalidad marca el compás”. “Cada vez es más común, al menos dentro de mi sector, el trabajo por proyecto, estableciendo redes colaborativas de trabajadores. Por otro lado, la competencia es cada vez mayor y tienes que explotar al máximo tus conocimientos y cualidades, actualizándote constantemente”, agrega Heras, quien en la actualidad compagina su participación en proyectos profesionales con el estudio de un máster.
Una situación similar es la que vive Diana -prefiere no precisar sus apellidos-, quien trabaja como periodista en un magazine. “Intento aprovechar todas las oportunidades que me llegan. He trabajado en proyectos puntuales de comunicación durante este año y también he hecho prácticas profesionales”, explica esta joven madrileña, quien apostilla que pese a sus esfuerzos tampoco llega al salario mínimo anual. “Veo la situación del mercado laboral en España bastante complicada. No hay muchas opciones de trabajo y los salarios que se ofrecen son bajos”.
Ni mileuristas
España también batió otro récord el año pasado, al alcanzar los 8,16 millones de asalariados que no lograron alcanzar en el conjunto del año una renta equivalente a 1.000 euros brutos al mes. Este colectivo ya representa el 47% del total, según la Agencia Tributaria.
Mientras el número de personas con un renta más reducida ha caído, el salario medio anual creció en 2015 por primera vez en España tras cuatro ejercicios consecutivos de retroceso. Este se situó en 18.645 euros brutos anuales, lo que supone un leve aumento del 1,2% en relación con el ejercicio anterior. Si se compara con 2008, a las puertas de la crisis, el descenso se sitúa en un 1,8%. Y es que entonces la nómina media fue de 18.996 euros.
Iñigo Macías y Ana María Claver, autores de un reciente estudio sobre el impacto de las diferencias salariales en los hogares -publicado por Oxfam-, apuntan que España ha vivido en los últimos 15 años el siguiente proceso: la concentración de la renta por parte de una minoría de la población y el aumento de la brecha entre los salarios más altos y más bajos, que han bajado más.
“Esta caída afecta no solo al poder adquisitivo de las personas más vulnerables, sino también a sus derechos sociales y económicos, y a sus prestaciones sociales, reduciendo sus bases de cotización para eventuales prestaciones por desempleo o pensiones”, agregan en el estudio. “En definitiva, nos afecta a todos porque afecta al Estado del Bienestar”.