Cuando desde el exterior me preguntan acerca de los comportamientos
electorales de los ciudadanos españoles, no me resulta simple encontrar
una explicación. No consigo exponer alguna razón por la que el conjunto
de la población española siga soportando el coste de la corrupción y
beneficios de una minoría. No puedo dar interpretaciones satisfactorias
para que comprendan las razones por las que los segmentos más afectados
de la ciudadanía, aún no reaccionan ante tamaño despojo. Es más, una
parte de ellos, cubiertos de deudas y repletos de fracasos como
autónomos, o microempresarios, persisten en creer que el PP de Mariano
Rajoy es su salvación. Ello, luego del fracaso al que nos han traído.
Entonces apelo a la idea del “Cortijo”. Término que define a una casa
rural con viviendas e infraestructura para la explotación agrícola.
Recuerdo que su etimología deriva del sustantivo “corte” del latín
“cohors” o “cohortis” y del sufijo “ijo” del latín “icŭlus” que indica
como valor diminutivo y a veces como despectivo. Así, representa el
símbolo de lo atrasado. De lo caciquil. De la desigualdad.
También les refiero que es en Andalucía en dónde se radica mayoritaria, y
físicamente, esta forma sociocultural de gestionar personas y
haciendas. Y también de ejercer la política electoral. Dicho de otro
modo, lo que Andalucía es al PSOE, Galicia es al PP. El rural condiciona
la existencia de redes clientelares, siempre alimentadas por una
marginalidad que depende de la voluntad de la política de caciques y
señoritos. Se trata entonces de mantener el statu quo. Presenciamos hoy
una rebelión a la voluntad democrática de cambiar ese modelo. La
investidura será su consumación.
Sin mencionar al IBEX35. Desde
el inicio de la crisis, 60 de las 200 mayores fortunas españolas
recibieron más de 250 millones de euros en subvenciones agrícolas
europeas. Es el caso de los Domecq, cuyo patrimonio se estima entre los
400 y 450 millones de euros. Estos percibieron 36,6 millones en
subvenciones europeas. De Jerez de la Frontera, este apellido forma un
extenso linaje de grandes familias divididas en distintas ramas. La
familia que han percibido ayudas de la PAC desde 2008 a través de una
cuarentena de sociedades. Apellidos concretos de cargos ministeriales
que no sugieren la inocencia de sus gestiones. Son familiares suyos los
Morenés, o los Oriol. Una de cuales fue una notoria defensora en el
Círculo de Empresarios, en relación a que los jóvenes pagasen por
trabajar. Un caso aparte es Micaela Domecq Solís, cuyo esposo, Miguel
Arias Cañete, ex ministro de Agricultura, está siendo cuestionado por
diversas actuaciones. Panamá Papers mediante. Además, beneficiada por la
amnistía de Montoro. Vergüenza.
La casa de Alba, por su parte,
con un patrimonio que se estima entre 2.200 y 3.200 millones de euros,
disfruta de la exención del pago de impuestos, usted que me lee si los
paga o lo embargan. El soporte legal que lo permite, según los Técnicos
del Ministerio de Hacienda, es que se considera una parte Patrimonio
Histórico y, con la cesión de obras de arte y antigüedades a la
Fundación Casa de Alba, otro tanto.
Pero hay más aspectos de
cortijo en todo esto. La mayor parte de las propiedades se concentra
Andalucía. Sólo en las provincias de Córdoba y Sevilla, la Casa de Alba
posee once fincas gestionadas desde empresas familiares dedicadas a la
agricultura y la ganadería. Un patrimonio de ese porte requiere mano de
obra para trabajarlo.
Aún así, una sociedad de la Casa de Alba
fue la primera empresa no cooperativa que recaudó 1,26 millones de euros
a través de Euroexplotaciones Agrarias, SA. Según publicaciones, esta
sociedad con sede en El Carpio, es propietaria de una gran parte de la
superficie agraria del término cordobés y se mantiene, año tras año,
como una de las grandes beneficiarias de Andalucía. A tal punto, que se
encuentra entre las veinte que reciben más fondos de la comunidad.
Sin embargo, la gestión de sus explotaciones, el escaso volumen de
contratación para las tareas agrarias y la elección de variedades de
cultivo que requieren poca mano de obra. Siempre contaron con la
subordinada atención de cierto sindicalismo “comprensivo”. El entonces
secretario general de la federación agroalimentaria de UGT-A, Pedro
Marcos, realizó una estimación en agosto de 2009. Fue en relación a que
alrededor de 80.000 trabajadores registrados en el Régimen General de la
Seguridad Social, en su mayoría dedicados a la construcción,
retornarían al Régimen Especial Agrario durante 2009 en la comunidad
andaluza. Todo un visionario.
Este personaje sindical se permitió
calificar que las condiciones de trabajo, en estos latifundios casi
feudales, y la observancia de los convenios colectivos con el sector es
buena. Sin embargo, consciente de la temeridad de sus afirmaciones,
calificó dicha relación como “paternalista, muy antigua, como en los
años 40, como si los trabajadores le debieran algo por el hecho de
darles un trabajo”. Me viene a la memoria “Los Santos Inocentes”, de
Mario Camus. Se desarrolla en Extremadura, otro escenario que no es
ejemplo de buenas gestiones. Un cortijo.
Lo cierto, es que el
paro en Andalucía llega al 29,83% de los residentes mayores de 16 años
que quieren trabajar. Pero no pueden hacerlo. Casi diez puntos respecto a
la media nacional. Casi veinte puntos más que las del País Vasco,
12,89%, o de Navarra, 13,53%. Las mismas desigualdades existen entre
provincias. Casi cuatro de cada diez gaditanos son parados, lo que
supone una tasa del 36,73%. Casi veintisiete puntos más que la provincia
con menos paro: Guipúzcoa, con el 10,16%. Luego de tres décadas de
gobiernos de esta gestión de esta dirigencia presuntamente socialista,
me pregunto: ¿Es este el modelo que el “Susanato” tiene previsto para
España? De la corrupción que se investiga en esa Autonomía, hablamos
otro día. De sus modos violentando la legislación que reglamenta el
funcionamiento de una Gestora, hablamos hoy.
¿Realmente crees que nuestro país se merece que esa dirigencia tenga influencia en la construcción de su futuro?
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