dilluns, 7 de novembre del 2016

Un grupo de militantes del PSOE intenta llevar a los tribunales a Susana Díaz y Javier Fernández

Los denunciantes consideran que el presidente de la gestora, el portavoz y Antonio Hernando coaccionaron a los diputados socialistas en la investidura. Presentan una denuncia ante un juzgado de Madrid a pesar de no ser competente por la condición de aforados de los dirigentes. Un juez de Madrid ha iniciado el trámite de consultar a la Fiscalía antes de decidir si hay indicios de delito o si debe inhibirse. 

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández.

Un grupo de militantes del PSOE cree que los dirigentes del partido Susana Díaz, Mario Jiménez, Javier Fernández y Antonio Hernando cometieron un delito de "coacciones" contra los diputados del grupo parlamentario al obligarles a abstenerse en la investidura de Rajoy. Por eso han presentado una denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla sobre la que ahora debe decidir el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid. 
Como corresponde en cualquier caso, el juez ha acordado abrir diligencias contra los dirigentes socialistas. Ahora, el fiscal debe informar y el magistrado adoptará una decisión sobre su admisión o no a trámite. Fuentes jurídicas apuntan a que la condición de aforados de varios de los denunciados obligará a la Fiscalía de Madrid a evitar cualquier pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, lo que correspondería a las fiscalías de los tribunales a los que están aforados los denunciados. 


Uno de los militantes, el madrileño Luis Chamarro, ha explicado a Efe que su denuncia por la vía penal contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, y el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, incluía los presuntos delitos de usurpación de funciones y de coacciones.
Además de la vía penal, estos militantes de Madrid, Zaragoza y Galicia han promovido otra denuncia por la vía civil admitida a trámite por un juzgado de Zaragoza y han presentado en Ferraz un escrito en el que piden la dimisión de la gestora, por considerarla ilegal.

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