Los técnicos comerciales y los economistas y abogados del Estado
constituyen desde hace décadas la intocable oligarquía de la
Administración española
El otrora ministro de Industria Miguel Sebastián explicaba hace unos
días el trasfondo de la nominación de cargos como el de José Manuel
Soria para el Banco Mundial: “La cuestión no es que el ministro de turno
no pueda decidir sobre esos destinos. La cuestión es que sólo puede
decidir si el ministro es técnico comercial”. Agrandando el dilema,
añadía que “buena parte de ellos han ocupado puestos muy relevantes en
los gobiernos de la democracia. Además de los casos más conocidos del
último Gobierno del PP, Soria y De Guindos, han sido miembros del cuerpo
de técnicos comerciales los vicepresidentes Fuentes Quintana, García
Díez y Solbes, los cinco últimos gobernadores del Banco de España
(excepto Mariano Rubio), 11 ministros y 22 secretarios de Estado”. La
impotencia e inquietud que transmitían las palabras del exministro
socialista recuerdan a aquel artículo aparecido en el diario Pueblo el
5 de febrero de 1964: “Lo que sorprende a los españoles –desconfiados
como pueblo viejo y escaldado-- es la aparición súbita e intensa del
Opus Dei, a través de sus miembros, en organismos culturales, en
empresas industriales, en entidades bancarias y en altos puestos de la
Administración”.
En ambos periodos, en dictadura y en democracia, nacen voces que
denuncian la autonomía y poder de un cuerpo de funcionarios y políticos,
discretamente agrupados, informalmente coordinados. El ministro De
Guindos justificaba el martes 18 ante la Comisión de Economía que el
nombramiento de Soria se ajustó a los criterios de la convocatoria y a
la adecuación al puesto. El titular de Economía dejaba a un lado su
implicación en los principios que guiaban esa decisión: él mismo
pertenece al Cuerpo de Economistas del Estado que crearon en los años 50
los ministros franquistas adscritos a la orden de Escrivá de Balaguer,
orden a la cual él mismo es afín.
El cuerpo de economistas, junto al de técnicos comerciales creado en los
años 30, se ocupó de diseñar y dirigir el plan de estabilización de
1959, así como de conectar el país a instituciones internacionales
durante los años 50. En el 75º aniversario del Cuerpo de Técnicos
Comerciales (creado en 1930 y fusionado con los Economistas del Estado
en 1984), éste se jactaba de su poder: “En la actualidad, el Cuerpo está
formado por un total de 560 miembros, de los que 90 disfrutan de su
jubilación y 470 trabajan. De estos últimos, 303 están activos en la
Administración General del Estado, 36 están en régimen de servicios
especiales y 131 trabajan en el sector privado en excedencia. El Cuerpo
mantiene una importante presencia internacional, con 120 compañeros
ocupados fuera de España, de los cuales 95 ocupan destinos en Oficinas
Económicas y Comerciales y 19 en organismos multilaterales
internacionales”.
En su obra Camino,el fundador del Opus, Escrivá
de Balaguer, rezaba: “Los poderosos suelen ser volubles, y tú has de ser
constante. Sé agradecido, si te ayudan. Y continúa, imperturbable, si
te desprecian”. Los gerifaltes del franquismo sucumbieron a sus
apostolados. En los primeros años de posguerra, el almirante Carrero
Blanco y el general Ibáñez Martín frecuentaban las charlas de Escrivá en
El Pardo, escuchando con admiración las palabras del discreto profeta.
Para Ibáñez Martín, ministro de Educación, era todo un ejercicio de
expiación, después de la purga de profesores de todo el sistema
educativo.
Los cargos imputados a los represaliados --desde “observar
conducta de verdadero ateo, hacer alarde de irreligiosidad, jactarse de
no ser creyente, hacer pública ostentación de ser laico, incumplimiento
de los deberes religiosos”, hasta “relacionarse con obreros”--,
machacaban la conciencia del general. Los 20.000 profesores depurados
merecían su suerte, pensaba al escuchar la llamada a la “cruzada de
virilidad y pureza”, pues Escrivá los señalaba: “Esa es vuestra obra”.
Carrero Blanco recordaba esas palabras cuando José Luis
Arrese perdió su oportunidad ante Franco de sellar las Leyes
Fundamentales del Movimiento. Fue el turno de Carrero, que puso sobre la
mesa la propuesta de reforma económica de su valido y compañero de
Obra, Laureano López Rodó, al que ascendieron a secretario general
técnico de Presidencia. Dicen que Escrivá gritó: "¡Nos han hecho
ministros!”.
Era el momento que esperaban para ascender, después de que
Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo mediaran en los préstamos
con EE.UU. en 1953 (60% para construcción de bases, 30% para
transportes, comunicaciones e industrias defensivas) y en el concordato
con el Vaticano a través del ministro de Asuntos Exteriores, Martín
Artajo.
A pesar de contar con la complacencia de militares americanos y obispos,
Escrivá se podía reír del poder de estos, pues, a partir de 1956,
disponían de un puñado de ministros: Comercio (Alberto Ullastres),
Hacienda (Mariano Navarro Rubio), Presidencia (Carrero Blanco como
subsecretario del Gobierno de Presidencia) y López Rodó (Secretaría
General Técnica, con rango de ministro). Pero, conscientes de la
“volubilidad” de los poderosos, pretendían hacer del Estado su Obra.
Para ello abanderaron el plan de estabilización de 1956, la negociación
de la entrada de España en el FMI, el Banco Mundial y el GATT. Para
llevar a cabo todo el proceso, ese mismo año López Rodó firmó la
creación del Cuerpo de Economistas del Estado, al servicio de
Presidencia, bajo mando del patriarca Carrero Blanco y su lugarteniente
López Rodó. Esa primera promoción dió nombres como el de Alberto Monreal
Luque, posterior ministro de Hacienda entre 1969 y 1973, coronado como
presidente de Tabacalera durante el franquismo y los gobiernos de UCD
(1974-1982).
No obstante, la Obra estaba dispuesta a abrirse a otros afines. Rodó confesaba en sus Memorias
que él había nombrado a 17 ministros, pero sólo dos eran del Opus. Eran
los llamados “Gropus” por el general Manuel Monzón Altolaguirre. La
esencia, según el patriarca López Rodó, era: “La mayoría me dieron
pruebas de lealtad y supieron corresponder a la confianza que había
depositado en ellos”. Se plegaron, como plastilina, a los cimientos del
ministerio de Economía, al Banco de España y a las corporaciones
industriales del Estado. Esa obra llega hasta hoy, cuando De Guindos,
afín a la Obra, ex asesor y directivo de Lehman Brothers y economista
del Estado, era nombrado en 2012 ministro de Economía. La Obra,
discreta, alarga sus tentáculos hasta tapar el artículo 16.3 de la
Constitución de 1978 que sitúa el carácter aconfesional del Estado.
El PSOE se tapó los ojos ante aquella maquinaria conducida por grupos de burócratas y fieles.
En 1977 había participado en la Ley de Amnistía que permitió recolocar
sin revisión alguna a los 32.000 funcionarios del aparato franquista
(cuerpos del Estado, prensa oficial, sindicato vertical, Movimiento
Nacional y funcionarios de aparatos de represión como la Dirección
General de Seguridad). También adoptó a los socialdemócratas de UCD,
como el subgobernador del Banco de España con UCD, Mariano Rubio, a
Francisco Fernández Ordóñez o a los Bustelo (uno de los hermanos,
ministro de UCD –Carlos--; el otro, diputado socialista –Francisco-).
Sin embargo, en medio apareció otro grupo que quiso imitar el modus operandi
del Gropus. Era un grupo temido en los círculos financieros, que los
llamaba la “banda de los cuatro”, en la que participaban el ministro de
Economía y Hacienda, Carlos Solchaga; el gobernador del Banco de
España, Mariano Rubio; el presidente del Hispano Americano --tercer
banco del país--, Claudio Boada, y el ministro y posteriormente
presidente del Banco Exterior, Miguel Boyer.
Aquel grupo inició la reconversión industrial, llevó a cabo la
privatización de empresas públicas, culminó el mayor proceso de
concentración bancaria de la historia y nos metió en Europa en 1988.
Según los estudios de Mendieta (1999), el 80% de las direcciones
generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado por altos
cuerpos del Estado, mientras que el 20% eran ocupados por cuadros del
partido.
En el poder económico eran también fundamentales. En las empresas del
Ibex35, en 1992, eran un total de 82 los consejeros pertenecientes a
altos cuerpos del Estado, de los cuales 26 eran abogados del Estado y
17, técnicos comerciales y economistas del Estado. De éstos, cuatro eran
técnicos comerciales economistas del Estado nombrados por Solchaga en
sus puestos: Francisco J. Landa Aznárez (de director general de Comercio
Exterior a Repsol), José Juan Ruiz Gómez (de secretario general de
Economía Internacional y Competencia pasó a Tabacalera), Luis Sempere
Couderc (de director general de su gabinete pasó a Tabacalera), Luis
Alcaide de la Rosa (de director general de Transacciones Exteriores a
Telefónica y Tabacalera, posteriormente juzgado en 1997 por cobrar una
comisión de casi 300.000 euros por vender una empresa pública textil,
Intelhorce, a una empresa italiana), Elena Salgado (directora general de
Costes y consejera de Telefónica); y finalmente Guillermo de la Dehesa
Romero, el gran arquitecto de las privatizaciones como secretario de
Estado de Economía, asesor en la privatización de Rumasa, y posterior
vicepresidente del Banco Santander.
A ellos habrá que sumar a Luis Ángel Rojo, técnico comercial, gobernador
del Banco de España desde la intervención de Banesto con el PSOE (1992)
hasta el segundo Gobierno de Aznar (2000), y desde 2005 consejero en el
banco adjudicatario de Banesto, el Banco Santander. El grupo sufrió un
revés tras el caso Ibercorp, que llevó al banquillo a Boyer y a Mariano
Rubio, pero se recuperó, dejando a Solchaga como el gran asesor de
empresas del Ibex35 a través de su consultora Solchaga y Recio (montada
al 50% con el exdirector del BBV) y consejero de Zeltia.
Con la llegada de Aznar, inspector de Hacienda, su poder se acrecienta
tras la aprobación de la Ley 6/1997 por la cual los órganos directivos
de la Administración (subsecretarios, directores generales, secretarios
generales técnicos y subdirectores generales) tienen que formar parte
del grupo A, posibilitando así una mayor relevancia de los altos cuerpos
del Estado. Para favorecer la “pureza” de la Administración, durante
este Gobierno se cesará entre 1996 y 1997 a un total de 3.000 personas
de puestos directivos de la Administración central. Pero en lo esencial,
no cortará con la lógica instaurada desde tiempos de UCD: la secretaría
de Estado de Economía será para un economista del Estado. Lo fue con
Suárez (José Ramón Álvarez-Rendueles Medina), con González (Miguel Ángel
Fernández Ordóñez, Guillermo de la Dehesa, Pedro Perez Fernandez), con
Aznar (Conthe, De Guindos), con Zapatero (Fernando Jiménez Latorre,
elevando a Salgado como ministra de Economía) y con Rajoy (Iñigo
Fernández de Mesa como secretario de Estado y Luis de Guindos como
ministro).
Algunos de estos técnicos comerciales y economistas del Estado tienen,
además, el privilegio de acceder a grupos cerrados, rodeados de un aura
conspiranoica. Es el caso de Guillermo de la Dehesa, economista del
Estado y primer español en acceder al Club Bilderberg, seguido desde
2006 de su compañero en el Santander y economista del Estado Matías
Rodríguez Inciarte, otrora ministro de Presidencia con UCD. Años más
tarde se unirán Pedro Solbes (2009, 2010). En 2013 fue invitado el
opusino De Guindos, entre una enorme expectación tras el rescate a la
banca. Desde su entorno se denunciaría una maniobra de Juan Luis
Cebrián, asiduo al grupo, de boicotear ante dicho Club su candidatura al
Eurogrupo. El líder socialista, Pedro Sánchez, fue invitado a la
edición de 2015 pero finalmente no acudió “por problemas de agenda”,
según sus propias declaraciones. La reunión de 2016, que se celebró unas
semanas antes de las elecciones de junio, no contó con ningún miembro
del Gobierno español. El Club invitó a Albert Rivera, que tampoco
acudió. En su lugar asistió Luis Garicano, que acompañó al delegado y
hacedor de la lista española del club, Juan Luis Cebrián, y a la
presidenta del Santander, Ana Patricia Botín. Según su propia página, en
esas reuniones de 140 personas de primer rango “no se proponen
resoluciones, no hay votos, y no hay planificación de políticas
públicas”.
Siguiendo los postulados que rigen en el club, “la máxima
discreción”, De Guindos defendió ante la Comisión de Economía que Soria
acabó en el Banco Mundial por una “designación discrecional”, siguiendo
así el postulado de Balaguer, que aconseja: “¡Qué fecundo es el
silencio! --Todas las energías que pierdes, con tus faltas de
discreción, son energías que restas a la eficacia de tu trabajo. -- Sé
discreto”.
Por fortuna para muchos, finalizada aquella comisión, en
la que no se averiguó nada, se mantienen los principios que sostienen a
los altos cuerpos del Estado que, diligentemente y en silencio, viven de
los privilegios de continuar con uno y otro gobierno. Como lo hace el
Club Bilderberg desde su fundación en 1954, en aquel periodo del ascenso
del Opus Dei y de la llegada de España a los organismos multilaterales
como el Banco Mundial. Estos organismos encandilaron a los funcionarios
con la frase de Gracián, obligándoles a repetirse: “Soy política
también, y aun la gala de la mayor razón de Estado, que ésta y yo
hicimos inmortal al rey”.
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